Políticas a favor de la familia en la mesa de negociaciones

Imelda Diouf, Directora Pro Bono Sekwele Centre for Family Studies



Felicitarnos por nuestra respuesta COVID es un arma de doble filo.


Ya no hay informes de colas no controladas para las pruebas de COVID. Los hospitales de campaña están siendo cerrados. No hay demanda de ventiladores. La economía se está reabriendo. La población sigue usando mascarillas y desinfectantes con pocas quejas. El Ministro de Salud, el Dr. Zweli Mkhize, informó recientemente a la Asamblea Nacional que la pandemia COVID-19 estaba disminuyendo, con un menor registro de casos positivos. Sus palabras son esperanzadoras; "Como sudafricanos podemos decir que la oleada ha quedado atrás". De hecho, de los 638 517 casos confirmados, las recuperaciones de 563 891 se traducen en una notable tasa de recuperación del 88%. Y mientras que cada muerte es una tragedia, el número total de muertes relacionadas con la COVID es de solo 14 889; contrariamente a la sombría perspectiva, hace unos meses, de muertes pronosticadas en cientos de miles.


Sin embargo, si la crisis sanitaria se está gestionando, entonces el momento de "no se puede debido a la COVID" ya no es aceptable. Ya no hay ninguna excusa para no hacer frente al saqueo del estado durante y antes de la pandemia. Ya no hay ninguna excusa para no implementar el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Ya no hay excusa para aceptar la mala actuación de los políticos que se han escondido detrás de un confinamiento de amenazas y de los funcionarios públicos que han tenido la excusa de "no se puede debido a la COVID". No hay excusa para no implementar el Libro Blanco sobre las Familias (2013).


No es de extrañar que el término "pacto social" haya vuelto a aparecer en el lenguaje de los políticos y los funcionarios públicos por igual. Si la población no puede ser dominada por las preocupaciones de la pandemia, entonces un recordatorio del contrato social entre el gobierno y el pueblo se convierte en una herramienta útil. En un reciente discurso del Día de la Mujer, el presidente Cyril Ramaphosa pronunció el mismo discurso de siempre: "Hoy nos comprometemos a un nuevo pacto social con las mujeres de este país basado en nuestro compromiso colectivo con la igualdad de género", incluso cuando los incidentes diarios de violaciones, asesinatos, secuestros y mutilaciones contaban otra historia de la pandemia de género declarada públicamente.


Es posible que Sudáfrica nunca se encuentre con una segunda ola de COVID, e incluso, si esto sucede, el país seguramente tiene la infraestructura y la experiencia para gestionar la pandemia en curso. Así pues, ha llegado el momento de que el sector de la familia se replantee el pacto social y negocie con firmeza en la mesa de negociaciones. El bloqueo puso de relieve la necesidad de familias capaces y resilientes que puedan manejar los ajustados presupuestos familiares, la educación de los niños, el cuidado de los miembros vulnerables y hacer frente a los conflictos y la violencia en el hogar. Por consiguiente, el sector de la familia, que incluye a votantes y ciudadanos, debe acudir a la mesa de negociaciones con una agenda clara de políticas favorables a la familia y mecanismos de prestación de servicios que fortalezcan los hogares y las familias.


La familia sudafricana incluye y se define no solo como la familia nuclear (madre, padre e hijos), sino también como las familias monoparentales, multigeneracionales, de abuelos, del mismo sexo y de hermanos. La familia es un concepto amplio; por lo tanto, para ser favorable a la familia es necesario que se apoye a las diversas familias en el contexto del país. Como titulares de derechos de la política familiar, el sector también debe velar por que las necesidades de la familia formen parte de los actuales debates económicos, en los que el impacto en los usuarios finales se omite en los procesos de planificación y presupuestación. Los economistas y legisladores necesitan que se les recuerde que los asuntos económicos no pueden ni deben llevarse a cabo a expensas de los asuntos sociales. La política económica que se separa de la política social simplemente se limita a aplazar el problema de la pobreza. La política a favor de la familia debe orientar las leyes, los programas, las intervenciones públicas y el apoyo a los hogares para promover y mejorar la vida familiar, las uniones matrimoniales, la reproducción, la crianza de los hijos, la atención intergeneracional y la construcción de capacidad. Las familias deben ser apoyadas donde ya están prosperando, pero también fortalecidas donde están amenazadas.


En el Plan Nacional de Desarrollo 2030 se especifica que el pacto social es un "acuerdo entre individuos de una sociedad o entre el pueblo y su gobierno que esboza los derechos y deberes de cada parte al tiempo que construye la solidaridad nacional". Desde la perspectiva de prestación de servicios, las obligaciones del gobierno se detallan claramente en los 14 Resultados Prioritarios para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Entre ellos se incluyen, entre otros, la educación y la salud, la seguridad, el empleo mediante el crecimiento inclusivo, la mejora de la calidad de vida de los hogares y uno que resulta especialmente conmovedor en estos tiempos de COVID: un sistema de protección social integral, receptivo y sostenible. Todas ellas prioridades muy centradas en la familia.


Sin embargo, el problema del pacto social es que en general no vivimos como individuos. Vivimos en hogares, principalmente con la familia. Nuestras preocupaciones y necesidades individuales se extienden al grupo de personas que son nuestra unidad de función afiliada. En una democracia, aunque los individuos puedan votar por sus representantes políticos, la actividad social (incluyendo el voto) casi nunca es completamente individual. El funcionamiento de la familia y las relaciones familiares apoyan las decisiones, el crecimiento y el desarrollo (o no en detrimento del individuo).


Si bien la política a favor de la familia puede influir en el bienestar de la familia cuando el gobierno es una parte comprometida, las propias familias deben reconocer su propia acción. La estrategia de respuesta para las familias esbozada en el Libro Blanco se centra en: la promoción de la vida familiar, el fortalecimiento de la familia y la preservación de la familia. Dentro del pacto social, el sector de la familia, en su calidad de titular de derechos, debe asegurarse de ejercer presión para que se adopten políticas y servicios a favor de la familia: "Mejorar las capacidades de las familias y sus miembros para establecer interacciones sociales que contribuyan de manera significativa a un sentido de comunidad, cohesión social y solidaridad nacional".


El actual estudio del Observatorio Internacional de la Familia (FIM), sobre Familia y Pobreza, ofrece valiosos principios rectores para abordar la capacidad y el funcionamiento. El sistema relacional primario de atención familiar, educación y economía, así como la capacidad de ser ciudadanos activos para la política a favor de la familia, son factores importantes para lograr el bienestar. Al centrarse en los factores relacionales que determinan la capacidad de la familia, el estudio es un poderoso recordatorio de que el sector de la familia no puede ni debe verse a sí mismo como una parte silenciosa al otro lado de la mesa de negociaciones.


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